La tensión política en Ecuador escaló este 10 de enero cuando funcionarios de la Fiscalía arribaron a la Asamblea Nacional para notificar al secretario general, Alejandro Muñoz, sobre una denuncia por presunta arrogación de funciones, en medio de la controversia por la devolución del Decreto Ejecutivo 500 al presidente Daniel Noboa.
Durante la diligencia, personal de Fiscalía y Policía documentaron fotográficamente las oficinas de la Secretaría General del Legislativo como parte del proceso de notificación. A pesar de rumores iniciales, se confirmó que no se realizó ningún allanamiento a las instalaciones de la Asamblea Nacional.
Muñoz respondió enérgicamente a la notificación, calificando la denuncia como «absolutamente antijurídica e irracional» y señaló que su objetivo sería intimidarlo. En un pronunciamiento que elevó la tensión política, el secretario general responsabilizó directamente al presidente Noboa por la seguridad de su vida y la de su familia.
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El origen de esta controversia se remonta a la reciente devolución del Decreto Ejecutivo 500 por parte de la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Según Muñoz, el decreto presidencial incumplía disposiciones legales, argumentando que ni la campaña electoral ni el proselitismo político están contemplados como casos de fuerza mayor para justificar la ausencia temporal del presidente, según los artículos 146 de la Constitución y 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.