Este lunes 13 de enero de 2025, se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio contra 23 personas implicadas en una presunta red de delincuencia organizada, entre las que se encuentran el exasambleísta Pablo Muentes, la ex presidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, jueces y exfuncionarios de la Judicatura. La Fiscalía ha catalogado a ambos como líderes de un “entramado de corrupción que afectó el sistema de justicia” de Guayas, manipulando decisiones judiciales a cambio de beneficios ilícitos.
Detalles de la investigación
El Ministerio Público detalló que, entre 2022 y 2023, el sistema judicial de Guayas fue comprometido por una red de corrupción que operaba a través de una serie de actos fraudulentos. Según la Fiscalía, desde 2021, Muentes, quien fue elegido asambleísta por Guayas, ya mantenía una relación cercana con Fabiola Gallardo, quien en ese entonces era jueza provincial, y con Johan M. Para asegurar su ascenso, Muentes habría financiado el trabajo de Mayra Salazar, quien se encargó de las relaciones públicas de Gallardo para que esta fuera designada presidenta de la Corte Provincial en 2022.
Una vez en el cargo, la Fiscalía sostiene que Gallardo y Muentes controlaron las decisiones judiciales y la administración de la Corte, favoreciendo intereses ilícitos. Además, mencionaron que se utilizaron troll centers para influir en la opinión pública y proteger sus decisiones.
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La estructura criminal y sus implicaciones
La red de corrupción habría extendido su influencia a casos clave, donde los procesados manipularon procesos judiciales en beneficio propio. Algunos de los eventos más destacados incluyen:
- Banco del Pacífico: Muentes se habría beneficiado de un habeas data para que el banco reconociera la cancelación de una deuda, con documentos falsificados, a cambio de un pago de aproximadamente 4 millones de dólares.
- Tierras en Durán: Muentes y su familia habrían obtenido varias hectáreas de terreno de forma ilícita, utilizando recursos de habeas data.
- Cuerpo de Ingenieros del Ejército: Un fallo favorable a una abogada a cambio de la remodelación de un salón de la Corte del Guayas.
- Acciones administrativas: La directora provincial de la Judicatura, Mercedes V., y otros funcionarios habrían archivado sumarios administrativos contra jueces involucrados en la red.
Además, Mayra Salazar, en su testimonio, señaló que Gallardo habría intervenido en un caso de corrupción relacionado con Daniel Salcedo, un sentenciado por corrupción, y que recibió 6,000 dólares para gestionar un beneficio.
Defensas y polémica por el testimonio
La defensa de los procesados ha rechazado las acusaciones, especialmente el testimonio de Mayra Salazar, a quien consideran como una “delincuente confesa”. Diego Chimbo, abogado de Muentes, argumentó que Salazar mintió para obtener una rebaja de pena, y que no tenía conocimiento de los casos mencionados, como el del Banco del Pacífico. Por su parte, Héctor Vanegas, abogado de Gallardo, calificó a Salazar como “la verdadera purga” y aseguró que su testimonio no ha sido corroborado.
A pesar de estas defensas, el Ministerio Público asegura contar con múltiples elementos probatorios contra los implicados, con 29 pruebas en contra de Gallardo y 90 contra Muentes.
Próximos pasos
El caso continúa en la fase de juicio, y se espera que la Fiscalía presente más evidencias para sostener las acusaciones de corrupción. El destino de los procesados dependerá del avance de la audiencia y las pruebas presentadas durante el proceso.