Este viernes 17 de enero de 2025, un tribunal de Bolivia declaró en «rebeldía» al expresidente Evo Morales (2006-2019), luego de que no se presentara por segunda ocasión a una audiencia en la que se resolvería la acusación por trata agravada de personas. Según la denuncia, Morales habría mantenido una relación con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo un hijo.
El juez Nelson Rocabado dispuso medidas adicionales, como el «arraigo nacional» del exmandatario, la emisión de un mandamiento de aprehensión, la anotación preventiva de bienes y el congelamiento de sus cuentas. Asimismo, Morales será notificado por edicto de la resolución.
Argumentos de la defensa y postura del juez
La defensa de Morales presentó como argumento que el expresidente no asistió debido a problemas de salud, incluyendo bronconeumonía y bradicardia. Sin embargo, el juez consideró que estas razones no justificaban su ausencia y desestimó la recusación presentada por la defensa, que alegaba falta de imparcialidad en el proceso.
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El abogado de Morales, Jorge Pérez, calificó el proceso como «ilegal» y afirmó que su cliente es víctima de persecución política, mientras que la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, aseguró que con esta resolución se inicia una nueva etapa del caso.
Contexto del caso
La acusación contra Morales se remonta a 2016, cuando la supuesta víctima, entonces menor de edad, habría pertenecido a un grupo político juvenil impulsado durante su gobierno. Según el proceso, los padres de la joven presuntamente se beneficiaron al facilitar la relación con el exmandatario. No obstante, la mujer implicada negó haber sido víctima de trata y afirmó ser perseguida políticamente.
Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su bastión político, bajo la protección de sus seguidores. Este caso ha agudizado la tensión entre Morales y el presidente Luis Arce, marcando un nuevo capítulo en las divisiones internas del Movimiento al Socialismo (MAS).