Un juez federal de Seattle, John Coughenour, suspendió este jueves 23 de enero de 2025 la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, calificándola de «flagrantemente inconstitucional».
La orden ejecutiva, firmada por Trump tras su regreso a la Casa Blanca, pretendía impedir que los hijos de madres en situación migratoria irregular o temporal, y cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses, obtuvieran pasaportes, certificados de nacimiento u otros documentos legales.
La acción presidencial generó una ola de demandas. Cuatro estados —Washington, Arizona, Illinois y Oregón— lideraron una querella que derivó en el fallo del juez Coughenour, quien cuestionó la legalidad de la medida basándose en la 14ª Enmienda de la Constitución.
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La enmienda, adoptada tras la Guerra Civil, garantiza que «todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos». Durante la audiencia, el juez expresó su desconcierto ante la defensa de la administración Trump, señalando que era difícil comprender cómo esta orden podía considerarse constitucional.
Reacciones y contexto:
Trump reconoció previamente que su iniciativa enfrentaría desafíos legales, pero argumentó que era una medida necesaria para «proteger la soberanía del país». Sin embargo, su decisión ha sido duramente criticada por activistas y políticos que la califican como un intento de socavar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.
Además de la demanda liderada por los cuatro estados, otros 22 estados de tendencia demócrata y diversas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes presentaron acciones legales similares en otras jurisdicciones.
El fallo del juez Coughenour marca el primer revés judicial contra la orden, pero no será el último en una batalla que se perfila como una disputa legal prolongada.