El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) enfrenta un año decisivo, con al menos cinco concursos previstos para la designación de autoridades en diversas instituciones del país. Entre ellos, destaca la elección del próximo Fiscal General del Estado, cargo que actualmente ocupa Diana Salazar, cuyo mandato concluye en abril de 2025.
A pesar de que el reglamento fue aprobado en septiembre de 2024 y la veeduría ciudadana se conformó en diciembre, la integración de la comisión ciudadana de selección sigue pendiente. Según la vicepresidenta del Cpccs, Yadira Saltos, los plazos podrían no cumplirse, lo que permitiría que Diana Salazar permanezca en el cargo de forma temporal.
Allanamiento y el “Caso Ligados”
El pasado 24 de enero de 2025, la Policía Nacional y la Fiscalía General allanaron las oficinas del Cpccs en Quito como parte de la investigación denominada “Caso Ligados”, que involucra presuntas usurpaciones de funciones públicas y posibles incumplimientos de decisiones emitidas por autoridades competentes. Durante la diligencia, se confiscaron dispositivos electrónicos y documentos clave.
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Concursos pendientes
- Renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE):
- Los períodos de los vocales actuales culminaron en noviembre de 2024, pero continúan en funciones debido a una prórroga.
- El proceso está en la fase de méritos y oposición, aunque ha sido criticado por sus demoras.
- Renovación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE):
- La renovación parcial del TCE está pendiente desde 2022, avanzando lentamente entre retrasos y críticas.
- Defensoría del Pueblo:
- La institución no cuenta con un titular desde 2024. El concurso está en la fase de integración de la comisión ciudadana de selección.
- Renovación del Consejo de la Judicatura:
- La selección del nuevo presidente enfrenta retrasos debido a que el Cpccs devolvió una terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. El proceso está entrampado por falta de documentación.
Impacto en la institucionalidad
Estos retrasos generan preocupación, ya que muchas autoridades claves continúan en funciones a pesar de haber culminado sus períodos. Mientras tanto, los nuevos designados deberán asumir retos críticos en un país marcado por la violencia, la inseguridad y la desconfianza en las instituciones.