La desaparición de cuatro niños el pasado 8 de diciembre en Guayaquil, tras su detención por personal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), ha destapado graves irregularidades en los procedimientos militares y mantiene en vilo a sus familias. Durante una audiencia de habeas corpus realizada el 24 de diciembre, una jueza elevó el caso a desaparición forzada, revelando múltiples omisiones y vacíos legales en la actuación de las autoridades.
Los menores, identificados como Ismael y Josué Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, habrían sido detenidos por un presunto robo, según los militares. Sin embargo, el fiscal del caso afirmó que no existen pruebas ni denuncias que respalden esta acusación. Posteriormente, los 16 militares involucrados aseguraron haber “liberado” a los niños en la parroquia rural de Taura, pero sin un parte oficial, notificación al ECU-911 ni intervención de la Dinapen, como lo exige la ley.
La situación tomó un giro aún más sombrío cuando el 24 de diciembre se encontraron cuatro cuerpos incinerados en un área remota del recinto Casa de Zinc, en Taura. Los restos, en avanzado estado de destrucción, están siendo sometidos a pruebas antropológicas y posiblemente de ADN para confirmar si corresponden a los menores desaparecidos.
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Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), ha denunciado intimidaciones hacia las familias y señaló que los errores cometidos configuran un caso típico de desaparición forzada, delito tipificado como de lesa humanidad en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, admitió “errores graves” en el procedimiento y aseguró que los militares están retenidos bajo custodia para evitar fugas. No obstante, la CDH cuestiona que estos se encuentren en instalaciones militares y no en un centro de privación de libertad regular.
La jueza del caso ordenó la creación de una comisión independiente para investigar los hechos y determinar responsabilidades. De confirmarse que los cuerpos pertenecen a los menores, se podría reconfigurar el tipo penal a ejecución extrajudicial, aumentando aún más la gravedad de las acusaciones.
El caso sigue siendo investigado mientras crecen las demandas de justicia y respuestas claras por parte de las autoridades.