El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) enfrenta una nueva ola de polémicas tras el allanamiento de la Fiscalía a sus instalaciones y la posible sanción de la Corte Constitucional a los integrantes de la denominada «Liga Azul», afín al correísmo. Estos hechos se suman a una serie de irregularidades y escándalos que han marcado la gestión de esta institución desde su conformación en 2023.
La Fiscalía allanó las instalaciones del CPCCS el pasado 24 de enero como parte de una investigación por presunta usurpación de funciones, simulación de cargos públicos e incumplimiento de decisiones legítimas. Durante el operativo, se incautaron dos celulares, dos computadoras portátiles, un disco duro y varios documentos. Uno de los dispositivos pertenece al consejero Augusto Verduga, quien aseguró que él y sus compañeros son «incómodos al poder de turno».
La investigación se centra en la designación de Raúl González como superintendente de Bancos, una decisión tomada por los consejeros de la Liga Azul (Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor) y Nicole Bonifaz. Esta designación fue cuestionada por la Corte Constitucional, que había emitido un fallo aclarando que no debía afectar los procesos de selección de la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, los consejeros interpretaron el fallo a su favor y ratificaron a González en el cargo, lo que derivó en una posible sanción por parte de la Corte.
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Además, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) está próximo a emitir una sentencia definitiva sobre la infracción electoral grave cometida por los miembros de la Liga Azul durante la campaña de 2023. En aquel entonces, siete candidatos al CPCCS aparecieron en videos promocionales junto a Rafael Correa, violando la ley que prohíbe el respaldo de organizaciones políticas. Aunque el TCE ordenó la destitución de Verduga, Saltos, Franco Loor y Vielka Párraga, estas sanciones no se han concretado debido a recursos legales interpuestos por los implicados.
Inestabilidad en el CPCCS:
La gestión del CPCCS ha estado marcada por la inestabilidad y los conflictos internos. Alembert Vera, primer presidente del consejo, fue destituido tras intentar revisar las designaciones del CPCCS Transitorio, pese a las advertencias de la Corte Constitucional. Su sucesora, Nicole Bonifaz, también fue removida de la presidencia tras enfrentar discrepancias con sus colegas.
Posteriormente, Mishelle Calvache, quien asumió la vicepresidencia, renunció para postularse como vicepresidenta de la República junto a Jan Topic, candidato inhabilitado. Juan Esteban Guarderas, otro consejero, fue censurado por la Asamblea Nacional tras ser acusado de falsificar una firma en una denuncia contra la vicepresidenta Verónica Abad.
